Modelo

Modelo

sust. mas. sing., argentinismo, arcaísmo: entelequia muy escasamente definida, profusamente esgrimida en cada discurso oficial, que debería describir la organización socioeconómica que el gobierno peronista actual produjo en la Argentina. 

La reactivación de 2002-2007 fue un período de crecimiento espectacular. El piso desde el que salían la economía y la sociedad argentinas era el más bajo de su historia: era imposible estar peor, porque peor era la disolución. Y, por lo tanto, cualquier movimiento era mejora y, con un poco de tino, las mejoras podían ser rápidas y cuantiosas. Partiendo del infierno, con buenas condiciones internacionales, estábamos momentáneamente condenados al éxito. La cuestión era decidir qué se hacía con ese impulso: hacia dónde se dirigía el crecimiento. De eso se trata todo esto, el famoso modelo.

Todos los economistas –de cualquier color o pelaje– están de acuerdo en que, desde el 2003 hasta ahora, los ricos argentinos ganaron más plata que nunca. Además de sus balances, declaraciones y riquezas visibles, se calcula que en este período se llevaron más de 60.000 millones de dólares al exterior: 60.000 millones de dólares es mucho dinero.

Y los más pobres dejaron de ser tan pobres como en 2002, el peor año de la historia, pero no recuperaron los niveles económicos y sociales de veinte años atrás. En 2002 la mitad de la población era técnicamente pobre; hacia el 2006 esa cantidad bajó hasta casi un cuarto, y entonces empezó a subir de nuevo. Hacia el 2006 el consumo había crecido con el aumento del salario real de los trabajadores en blanco –que ya ganaban tres cuartos de sus sueldos reales del año 2000– y la inyección de plata que venía del gasto público: la demanda empezó a sobrepasar a la oferta. Y, poco a poco, reapareció esa vieja conocida que casi todos llaman inflación y, algunos, ahora, “reacomodamiento de precios”.

La vuelta de la inflación a partir de 2007 fue el efecto –como suele ser– de una suma de factores. La capacidad ociosa de maquinarias, transportes y energía estaba en uso casi pleno, los insumos habían subido, los sueldos habían subido, el peso se mantenía, y los márgenes de ganancia de las empresas se achicaron. La demanda, queda dicho, había crecido. Frente a eso, la respuesta de los empresarios argentinos fue la que suele ser.

La mayoría de nuestros empresarios nacionales –los más poderosos, los más vivos– ha aprendido en las últimas décadas a ganar mucha plata sin invertir demasiada: es un desiderátum, la piedra filosofal que muchos de sus colegas capitalistas del mundo les envidian –y que habría que aplaudir si no fuera porque sus ganancias, por supuesto, salen de algún lado. Es una historia casi larga: en los setentas los ricos argentinos ganaron mucha plata con la bicicleta financiera, en los ochentas con los subsidios y sobreprecios del Estado, en los noventas con la re-bicicleta y las privatizaciones, en los ceros con más subsidios y contratos estatales y la renta del suelo y el subsuelo. Ninguno de estos negocios requirió grandes inversiones ni riesgos ni innovaciones; todos ellos necesitaron, sí, que el Estado los impulsara y que la sociedad perdiera la plata que ellos ganaban.

Entonces, cuando el aumento del consumo debido al ciclo de crecimiento 2002-2007 hizo que muchas empresas no pudieran abastecer sus mercados, los empresarios a cargo tenían, grosso modo, dos opciones. Una era invertir para producir más; la otra no invertir, producir lo mismo y aumentar los precios y, al mismo tiempo, importar para cubrir parte de la demanda. Siendo empresarios nacionales, su camino fue el que siempre toman: no invertir, aumentar. Siendo, además, dueños de empresas cada vez más monopólicas –porque en estos últimos años los más ricos no paran de concentrar su poder en el mercado–, aumentar les resultó todavía más fácil y la inflación se disparó.

(...)

La lógica de la desigualdad es el núcleo del sistema capitalista de mercado –y no parece haberse aminorado en estos años, sino más bien lo contrario: es uno de los puntos más salientes del modelo. En la Argentina actual funcionan 400.000 empresas –de todos los tamaños. Pero las 500 empresas más grandes, un 0,12% del total, controlan un cuarto de la economía. Esas 500 empresas controlan además el 90% de las exportaciones, el 80% de la inversión, el 75% de los gastos en investigación y desarrollo. Es una concentración extraordinaria de la riqueza, que sigue avanzando; citábamos, páginas atrás, un trabajo de Claudio Lozano que muestra cómo la facturación de las 200 mayores empresas del país pasó de acumular el 31,6% del producto bruto en 1997 al 51,3% en 2005, y el 56,1% en 2007 (ver Crispación, p.xy).

Y la extranjerización: de esas 500 empresas más poderosas, 338 son extranjeras y sólo 162 son argentinas. El proceso empezó con el peronismo de los noventas: en 1993 había más empresas poderosas nacionales –281– que extranjeras, pero en 1995 ya se había invertido la tendencia –248 a 252– y en 2000 las argentinas eran 182.

Las empresas locales hacen número pero incluso las más grandes suelen ser más chicas: entre las diez mayores sólo cuatro son argentinas, si es que son argentinas Tenaris, Ternium, Bunge y Aceitera General Deheza. Y si se cuentan las 25 más ricas, sólo 8 son “argentinas”. Lo mismo pasa si se mira por actividad: las mayores automotrices (Ford, Volkswagen, Toyota, Fiat) son extranjeras; igual que las mayores petroleras  (Repsol-YPF, Petrobras, Pan American Energy, Shell y Esso), las mayores telecomunicaciones (Telecom, Telefónica, Claro), las mayores vendedores por menor (Carrefour y Jumbo), y siguen firmas. Y, además, el cuadro es muy estático: entre esas 500 principales no hay diez empresas nuevas; hubo, a lo sumo, cambios de propiedad porque los brasileños aprovecharon su desarrollo y sus ventajas cambiarias para comprar petroleras, cementeras, siderúrgicas. Pero nada nuevo.

Se habla mucho, últimamente, de primarización para discutir si la economía argentina actual –el modelo– está más orientada a la producción de materias primas o de valor agregado, o sea: si tiene más peso el trabajo que transforma insumos en mercancías más valiosas o la extracción y exportación de insumos para que otros lo hagan. La discusión no –sólo– tiene que ver con orgullos nacionalistas e intereses sectoriales: es, también, una forma de definir en qué medida la economía argentina –la vida de millones de argentinos– depende de los caprichos de un par de mercados perfectamente ajenos, tan incontrolables (ver Campo, p.xy).

En 2010, la Argentina exportó por un total de 68.500 millones de dólares; el 28% de ese dinero, 19.500 millones, vinieron de la soja y sus derivados. De los que, en otro ejemplo de concentración, las siete mayores cerealeras manejan alrededor del 60% –y, además, pagan muy pocos impuestos porque operan desde sus puertos privados, donde nadie los controla.

Si se agregan a la soja, trigo, maíz y oro, las cuatro materias primas más importantes llegan al 37% del total de las exportaciones: un punto más que en 2003. Entre los diez productos que más se exportan sólo uno es industrial: los vehículos, que tienen una balanza comercial negativa porque cuestan más las piezas–el 70% de cada unidad– que se compran para ensamblarlos en el país que lo que entra por las exportaciones. El resto son productos primarios o muy escasamente procesados: los granos, aceites, minerales, gas, biodiesel.

Las grandes empresas extranjeras también son cabeza de las exportaciones. Durante la convertibilidad su negocio consistía en aprovechar el mercado interno, que les pagaba en dólares: fue el gran momento de las empresas de servicios privatizadas y los bancos. Ahora, con el peso bajito, les conviene más exportar –y es lo que hacen. Por eso en las dos commodities no renovables más importantes, el petróleo y la minería, las multinacionales tienen un predominio completo: 100% de la minería y 90% del petróleo. Con sus matices y bemoles.

La Argentina es uno de los pocos países productores de petróleo que no tiene una compañía estatal hegemónica: sí las hay en México, Venezuela, Brasil –para citar tres países con gobiernos variados. Y en Chile, blasón del neoliberalismo, no hay petróleo, pero el cobre nunca dejó de pertenecer al Estado. Aquí, en cambio, el peronismo de los noventas vendió por dos guitas YPF –con gran beneficio para varios de sus jefes, entre ellos los doctores Carlos Menem y Néstor Kirchner–, y el peronismo de los dosmil no hizo nada para recuperarlo. Al contrario, extendió licencias de explotación y consolidó el sistema. Así que la actividad está en manos de empresas multinacionales que no sólo reparten miles de millones de dólares de utilidades entre accionistas extranjeros sino que, además, dedicaron todos estos años a llevarse todo lo que pueden sin invertir en prospección y búsqueda de nuevos yacimientos. Es su ventaja comparativa: lo más caro de la extracción petrolera no es sacarlo sino buscarlo; las multinacionales no precisan hacerlo, a menos que el Estado los obligue. El Estado argentino y peronista no lo hace, así que los muchachos petroleros sacarán mientras haya y, cuando se acabe, se irán con sus barriles a otra parte.

Por eso entre 2003 y 2010 la producción de petróleo bajó un 18% y la de gas un 8%. Por eso en 2001 la Argentina exportaba el 1,02% del petróleo mundial y, en 2009, el 0,38%. Por eso en 2003 la Argentina importaba 550 millones de dólares de petróleo y derivados, e importó 4.450 millones el año pasado: casi nueve veces más. Por eso –por ese modelo– un país que siempre pudo abastecerse en petróleo y gas se está quedando sin recursos.

En minería el panorama es parecido. La Barrick Gold, por ejemplo, quizá la más conocida de las grandes auríferas, saca unas 11.000 onzas por día: alrededor de 15 millones de dólares en oro, que embarcan sin refinar en sus propios aviones, que salen de su propio aeropuerto sin el menor control –y, además, tienen derecho a vender su producto en el extranjero sin ingresar las divisas en la Argentina: las remiten directamente a sus casas matrices. Y no dejan ni un centavo porque una ley del peronismo, 1993, refrendada por otra ley del peronismo, 2006, las exime de pagar cualquier impuesto: ni siquiera el impuesto al gasoil o el impuesto al cheque. Esas leyes sacaron los recursos mineros del ámbito de la Nación y los entregaron a las provincias –con lo cual crearon diferencias importantes entre las provincias mineras y las que no lo son, rompiendo la idea de solidaridad nacional. Pero, además, la provincialización bajó los costos del negocio: siempre es más barato comprarse un gobernador y sus muchachos que todo un ministerio nacional.

Las mineras, según esas leyes, deberían dejar un 3% –un tres por ciento– de regalías en la provincia, pero el porcentaje se calcula sobre el mineral sin procesar y según la declaración de “buena fe”; por si acaso, las mineras tienen derecho a descontar tantos gastos que no dejan nada. Sí dejan, en cambio, las aguas contaminadas con el cianuro, el arsénico, el ácido sulfúrico que usan para limpiar su mercancía. Y, por fin, en algunos casos –en la Patagonia, por ejemplo–, gracias a los incentivos por embarque en ciertos puertos o por exportación, cobran algún dinero del Estado por llevarse el mineral. No mucho; en general, no más del 2 o 3% de lo que declaran.

En sus tiempos de gobernador, el doctor Kirchner apoyó entusiasta estos mecanismos. Y cuando asumió la presidencia lanzó un Plan Minero Nacional que retomaba todo lo hecho por su antiguo presidente el doctor Menem –y lo consolidó con la Ley Corta de 2006. En 2008, la doctora Fernández terminó por vetar la ley de Protección de Glaciares, que podía poner condiciones incómodas a las grandes mineras. Tiempo después la doctora almorzó, en Toronto, con el presidente de la Barrick Gold y varios de sus colegas: “Lo único que hicieron fue felicitarme”, dijo la doctora cuando salió de la reunión. Pero, en octubre de 2010 el gobierno peronista tuvo que aceptar que la ley de Protección de los Glaciares volviera a aprobarse.